CAMINOS Y MONTAÑAS
Por Carmelo Galindo
Oligarquías y altos funcionarios estadounidenses intervienen para frenar la reforma eléctrica
Estados Unidos “arrebató” más de la mitad del territorio mexicano en una invasión “oportunista” cuando sucedía una guerra civil entre liberales y conservadores, posteriormente instauró una relación de amo-esclavo, exigiendo seguridad a sus inversiones, el fortalecimiento del comercio binacional, resistir las presiones en materia de migración, narcotráfico y asumir los costos humanos del tráfico ilegal de armas –recuerde Rápido y Furioso-.
La apropiación estadounidense de las instituciones del Estado mexicano, está impidiendo a AMLO aprobar –en el Congreso de la Unión– la reforma eléctrica –de gran beneficio para el país-, obligándolo a revisar caso por caso de empresas extranjeras opositoras; tal y como lo comunicó el 21 de enero, día que fue ingresado al Hospital Militar para una intervención médica.
Un día antes, la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm y el Embajador, “El Chino” Ken Salazar, “tomaron” el Senado de la República y el Palacio Nacionalpara frenar la reforma insigne de la 4T.
Así como antaño, esta confrontación entre neo-liberales y neoconservadores está acarreando grandes costos al país, pues la alianza “Va por México” en nombre de la oligarquía está reintroduciendo otro “Maximiliano de Habsburgo”, hecho que varios morenistas están apoyando desde sus trincheras y altos puestos, facilitando la incursión intervencionista en los círculos más altos del Estado mexicano; no aprendieron nada de la invasión de 1846-1848, tampoco miden costos que puede traer para la aristocracia doméstica –expoliadores del país-, pues –si tal invasión– restó más de la mitad del territorio nacional, hoy están en juego sus privilegios mineros y concesionarios, su escandalosa rentabilidad financiera y sus ventajas fiscales; los dueños de Cananea ya lo están resintiendo.
¿CUÁL INJUSTICIA?: el gobierno mexicano se comprometió a revisar “injusticias” supuestamente cometidas contra empresas extranjeras ¿De cuándo acá la seguridad nacional como se ha calificado la reforma eléctrica queda sujeta a la voluntad del capital privado y gobiernos externos?
Entre las múltiples acciones “injerencistas” está la “carta” firmada y enviada –el 18 de enero– por cuatro senadores demócratas, al Presidente Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken y de Jennifer Granholm, Secretaria de Energía, pidiendo frenar la reforma energética mexicana –para que sean más competitivos frente China-; entre los firmantes, está el primer senador latino-cubano por Nueva Jersey, Robert “Bob” Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores, quien en el 2016, impulsó la ley “Nica Act” para bloquear financiamientos internacionales a Nicaragua.
NICA ACT: fue la revancha contra Nicaragua cuando la Corte Internacional de La Haya en 1986 falló contra Estados Unidos por sus “actividades militares y paramilitares en Nicaragua“, exigiéndole una indemnización de 17 mil millones de dólares –el Presidente era el sandinista J. Daniel Ortega Saavedra-, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó de 1985 a 1990, derrotando la dinastía Somoza, fieles “servidores” estadounidenses desde 1934, volvió a ganar en 2006, 2011, 2016 y 2021; sin embargo, sus antiguos aliados lo acusan de convertirse en imagen y semejanza del clan que derrotó en 1985; Norteamérica cuestionó sus ideas marxistas-leninistas, su cercanía a Cuba y el intervencionismo del Estado en la economía.
Precisamente, la reforma eléctrica –que tanto molesta a la oligarquía y al gobierno de Joe Biden– es porque profesa una mayor intervención del Estado en el servicio eléctrico y energético; por ello, las presiones estadounidenses como las del senador, Bob Menéndez, apenas comienzan y; mientras continúe dividido el país, entre aliancistas vs 4T, los intervencionistas tendrán entrada libre en la política interna con grandes costos para los connacionales.
El relativo éxito del intervencionismo estatal “orteguista” fue posible porque la oligarquía nicaragüense era débil por no decir inexiste –latifundista– en cambio, la mexicana es muy poderosa e interconectada con la estadounidense, tiene sólidas redes con republicanos y demócratas y cajas de resonancia en las instancias de ambos Estados.
LAS FRACTURAS: en este contexto de añejas e imbricadas redes binacionales, a la 4T no le bastan los 30 millones de votos del 2018; máxime que no organizó a los grupos económicos populares, sindicatos y pequeños empresarios en organizaciones gremiales y ciudadanas, que le permitieran movilizar ordenadamente las fuerzas “vivas” en favor de las reformas de gran calado como la energética, que deprimen al sector privado y fortalecen el liderazgo estatal.
Por ejemplo, la CATEM sustituta de la CTM y de otros sindicatos del viejo régimen, fracasó en una aventura partidista, convirtiéndose en mero “monopolio” de “cuotas” gremiales, matando la democratización sindical de la reforma laboral del 2019; para la 4T, la CATEM y su líder, Pedro Haces, en menos de tres años pasaron de aliado útil a ser “Caballos de Troya”; igualmente, los maestros fueron jalados a Redes Progresistas por “El yerno” de Elba Esther Gordillo, en lugar de hacerlo la 4T.
A diferencia de Ortega, que organizó las “fuerzas populares” para ganar en el 2006 y dar fuerza social a sus reformas, la 4T antes de los tres años se fragmentó y no construyó redes ciudadanas –increíblemente, con 16 gubernaturas carece de un respaldo social organizado-, por eso, los gobernadores y legisladores “opositores”celebran –sin resistencias– cualquier cantidad de encuentros como las que culminaron con la toma del Palacio Nacional el 20 de enero –copia fiel a la del 14 de septiembre de 1847-.
La división interna y las tácticas norteamericanas están llevando dichas fallas de organización al territorio; los gobernadores opositores a la 4T se entregaron a Ken Salazar –como prueba, están sus dos últimas reuniones en Monterrey y Mérida-, mientras que al noroeste con dominio de la 4T –liderados por Alfonso Durazo-mandan “hércules”, los LeBaron exigen a J. Biden investigar por nexos criminales a políticos, crecen los conflictos mineros, en otras entidades se han suscitado recurrentes incendios como los de Pemex y presionan al gobierno federal en migración, narcotráfico, inseguridad y violencia, mientras que la “oligarquía” obtiene todo el apoyo para frenar la reforma energética de la 4T.
Sin unidad nacional, sólo EE.UU y la aristocracia saldrán ganando.
INCITACIÓN MEXIQUENSE: que está pasando en materia presupuestal en la entidad mexiquense ¿Dónde quedó la productividad legislativa de las comisiones de Planeación y Gasto Público, así como de la de Finanzas Públicas?
Bueno las bancadas partidistas finalmente son los primeros y últimos responsables de lo que sucede en las comisiones de trabajo.
La comisión de Planeación y Gasto Público, es quizá la más importante del Congreso local, ya que debe analizar con mucha responsabilidad la política presupuestal, fiscal y financiera mexiquense; así también, dictaminar las leyes de ingresos y egresos estatal y municipales; desde luego, observar también que las finanzas públicas sean sólidas y con endeudamientos manejables a corto y mediano plazos; otra función primordial, es garantizar –con recursos– el crecimiento y desarrollo económico estatal y municipal; finalmente, todo lo anterior debe encuadrarse en tiempos precisos, por ello, no está bien que a punto de cerrar el mes de enero, los trabajos de estas comisiones brille por su ausencia, afectando las expectativas sociales y económicas mexiquenses del 2022.
Estos comentarios no son menores, pues a esta fecha, el paquete presupuestal no cuenta con dictamen; por lo tanto, el presupuesto estimado en 323 mil millones de pesos –incluyendo un endeudamiento de 5.5 mil millones de pesos y no los 7.5 millones pedidos por el Ejecutivo estatal-, sigue estando en el aire, afectando la programación de las acciones de gasto estatal –desde luego, que representa una preocupación esta situación–.
Entre los puntos de choque entre el ejecutivo estatal y Morena están los dineros estatales para proyectos federales, en este mismo espacio, en otra oportunidad comentamos que este punto debía transparentarse por que los proyectos federales, reciben sus presupuestos desde la Cámara de Diputados Federal y que los gobiernos estatales deben ser muy cautos sino quieren despertar sospechas de actos de corrupción por financiamientos dobles, ya que las obras complementarias –responsabilidad estatal– no pueden denominarse en sí proyectos federales.
Otro punto de negociación, fue la creación de nuevos impuestos, mismos que quedaron en dos de nueva creación: el impuesto ecológico a empresas con emisión de gases contaminantes y un gravamen del 5% a las ganancias de las casas de empeño; desde luego, este último impactará a mexiquenses de bajos recursos que empeñan “cualquier” cosa –de escaso valor– para conseguir ingresos para medicamentos y alimentos; pues, dicho sea de paso, estas empresas simplemente transferirán ese impuesto a sus clientes para no reducir sus ganancias –ya que los “préstamos” que pagan por los artículos nadie los vigila, hacen lo que quieren y nadie interviene sus políticas-.
Al respecto, hace aproximadamente un año, se detectó a consecuencia de la pandemia, que miles de mexiquenses acudían a empeñar sus pertenencias para pagar medicamentos y alimentos, ya que el aislamiento hizo perder su fuente de ingresos a cientos de miles de familias mexiquenses; un año después, la autoridad hacendaria y fiscal, en lugar de remediar esa situación de crisis, aplica un impuesto que no afectará a las empresas sino que éstas “prestarán” menos por los artículos empeñados.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas, sabe muy bien cuanto ganará con las 436 casas de empeño en territorio mexiquense, en su mayoría localizadas en la zona metropolita del Valle de México; así que, los habitantes de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Valle de Chalco Solidaridad, Tultitlán, Naucalpan, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Huixquilucan y Texcoco, entre otros, no tendrán que ir a lejos para empeñar su televisión o refrigerado.
En términos de operación política, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lirajunto con el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, están probando que en esta ocasión Morena –aunque no sean mayoría, en el Congreso estatal– está estirando la cuerda de la confrontación política en el tema más delicado para los políticos como es el presupuesto.
En otros tiempos, las trabas fueron menores porque “Los Moches” eran muy eficientes para sacar acuerdos legislativos; sin embargo, Morena –en este momento– ante las posibilidades reales de ganar la próxima gubernatura en el 2023, el sentido común indica que deben actuar con inteligencia política y transparencia en temas claves como es el presupuestal, los nuevos impuestos y el seguimiento del gasto público.
Así, que se esperan más enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y los legisladores de Morena en lo que resta del sexenio; quizá mañana –en el Pleno– el discurso sea más acalorado que de costumbre y, sino es mañana sábado no podrá ir más allá del 31 de enero –fecha de cierre del periodo extraordinario aprobado para este fin-.
Hasta pronto.