- La LXII Legislatura aprueba 59 decretos y 18 acuerdos en cuatro meses; pero la alta tasa de votaciones unánimes y la narrativa de «transformación» plantean preguntas sobre el escrutinio real a las iniciativas del Ejecutivo.
TOLUCA, Méx. — La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México clausuró este 13 de mayo de 2026 su segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional (31 de enero – 13 de mayo) con un balance de 59 decretos y 18 acuerdos aprobados, de los cuales 91.5% y 94.5%, respectivamente, fueron votados por unanimidad, según informó Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva.
Los datos duros del periodo legislativo son los siguientes:
– 59 decretos aprobados (91.5% por unanimidad)
– 18 acuerdos aprobados (94.5% por unanimidad)
– 16 sesiones plenarias*+ 70 reuniones de comisiones
– 187 iniciativas y 24 puntos de acuerdo recibidos y tramitados
– Principales reformas constitucionales:
• Austeridad y eficiencia del gasto público
• Modernización del sistema electoral y reducción de costos
• Reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
• Regulación de pensiones de entidades públicas
• Reducción de jornada laboral: de 48 a 40 horas semanales
– Nuevas leyes: Ley de Salud estatal (enfoque preventivo) y Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal (reconocimiento de seres sintientes)
– Reformas transversales:Violencia vicaria y digital, delitos ambientales, gobierno digital con criterios de IA, derechos de juventudes y adultos mayores, transparencia, regulación de nepotismo como falta grave, protección a periodistas y defensores de DDHH
Camacho Reynoso afirmó que, «en tiempos de polarización e incertidumbre pública, la LXII Legislatura eligió la ruta de la responsabilidad institucional, la construcción de consensos y el interés superior del pueblo mexiquense por encima de cualquier diferencia política o partidista». También destacó la «relación institucional basada en el respeto republicano» con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Sin embargo, la alta tasa de unanimidad —superior al 90% en ambos rubros— amerita análisis crítico:
– ¿Refleja esta unanimidad madurez política y capacidad de diálogo, como sostiene la narrativa oficial, o evidencia una mayoría legislativa alineada que limita el debate sustantivo?
– ¿Qué mecanismos de participación ciudadana, audiencias públicas o consulta experta se activaron para reformas estructurales como la reducción de la jornada laboral o la regulación de pensiones?
– ¿Existe un sistema público de evaluación de impacto que mida no solo cuántas leyes se aprueban, sino cuántas se implementan con presupuesto asignado y resultados verificables?
– ¿Cómo se garantiza que la «colaboración institucional» con el Ejecutivo no derive en la debilitación del contrapeso legislativo, función esencial del Poder Legislativo?
Algunas de las reformas anunciadas —como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales— requieren modificaciones federales concordantes para ser efectivas. Otras —como la Ley de Bienestar Animal— dependen de asignación presupuestal y capacidades operativas municipales para no quedar en letra muerta.
La aprobación de leyes es un paso necesario, pero insuficiente. Una norma sin reglamento, sin recursos o sin mecanismos de vigilancia ciudadana puede convertirse en declaración de buenas intenciones. El reto del Congreso mexiquense no es solo legislar con rapidez: es legislar con profundidad, transparencia y rendición de cuentas. La democracia se fortalece con acuerdos, sí. Pero también con debate, con disidencia constructiva y con escrutinio público. Si la «transformación democrática» es el objetivo, la pregunta es: ¿se está transformando también la forma en que se ejerce el poder leg