INVEAMEX reporta 88 mil órdenes de visita autorizadas, pero solo 2,864 visitas ejecutadas; la brecha entre autorización y ejecución plantea dudas sobre la efectividad real del esquema anticorrupción.
TOLUCA, Méx.— El Gobierno del Estado de México informó que ha emitido más de 2 mil 450 credenciales para verificadores administrativos de unidades económicas estatales y municipales, como parte de una estrategia para reforzar la certeza jurídica y combatir actos de corrupción en sectores como salud, movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano y protección civil.
Los datos duros de esta política de verificación son los siguientes:
– 2,450+ credenciales
– emitidas para verificadores (con código QR de validación)
– 98 credenciales
– entregadas en el evento del 17 de mayo de 2026
– 88,000+ órdenes de visita autorizadas por INVEAMEX durante la administración actual
– 2,864 visitas de verificación efectivamente realizadas
– 1,382 supervisiones operativas ejecutadas
– Requisito de emisión: evaluación aprobada ante la Secretaría de la Contraloría
– Instituciones beneficiadas: COPRISEMEX, INVEAMEX, Subsecretaría de Movilidad, Dirección General de Operación y Control Urbano, Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado, destacó que la credencial con código QR «permite corroborar que la unidad económica es objeto de verificación», lo que contribuye a «mecanismos de supervisión más transparentes». Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, y Yasmín Juárez Medrán, titular del INVEAMEX, subrayaron que el esquema fortalece la «legalidad, profesionalización y confianza ciudadana».
Sin embargo, el comunicado omite información crítica para evaluar la efectividad del sistema:
– ¿Por qué solo 2,864 visitas se ejecutaron frente a 88,000 órdenes autorizadas? ¿Qué porcentaje de órdenes no se materializa y por qué?
– ¿Cuál es el resultado de las visitas: cuántas derivan en sanciones, correcciones o cierres? ¿Existe un reporte público de impactos?
– ¿Qué mecanismos existen para que ciudadanos o empresas reporten abusos o irregularidades por parte de verificadores credencializados?
– ¿Cuál es el presupuesto asignado al INVEAMEX para operación, capacitación y seguimiento de verificaciones?
– ¿Cómo se mide la reducción de corrupción: encuestas de percepción, denuncias atendidas, ahorros económicos?
La profesionalización del servicio público es un objetivo legítimo. Pero cuando la narrativa de transparencia se centra en la emisión de credenciales —y no en los resultados de las verificaciones—, el riesgo es confundir formalidad con efectividad. Un código QR valida la identidad del verificador, pero no garantiza que la inspección sea técnica, imparcial o útil para la ciudadanía.
Además, la concentración de facultades de verificación en múltiples dependencias sin un sistema unificado de rendición de cuentas puede fragmentar la supervisión y dificultar el seguimiento ciudadano.
El Estado de México tiene la oportunidad de convertir este esquema en un referente de gobierno abierto. Pero para ello, deberá acompañar las credenciales con datos públicos de ejecución, evaluación independiente de impactos y canales reales de participación ciudadana.
Por ahora, el QR brilla en la credencial. La pregunta es: ¿brillará también en los resultados?