La UIEM opera el primer centro avalado por el INALI en el país para acreditar otomí, mazahua, tlahuica, matlazinca y náhuatl; pero sin datos sobre inserción laboral, salarios dignos o demanda del sector público, persiste la duda sobre la efectividad transformadora de la iniciativa.
SAN FELIPE DEL PROGRESO, Méx.— La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) informó que ha realizado 178 procesos de validación para hablantes de las cinco lenguas originarias de la entidad: otomí, mazahua, tlahuica, matlazinca y náhuatl. El centro, avalado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), es pionero en el país en ofrecer acreditación y certificación con validez académica y laboral.
Los datos duros de esta iniciativa son los siguientes:
– 178 procesos de validación completados desde la apertura del centro
– 5 lenguas certificadas: otomí, mazahua, tlahuica, matlazinca y náhuatl
– 1 centro especializado: primer espacio en el país avalado por el INALI para este fin
– 2 niveles de reconocimiento:
• Acreditación: evaluación de competencia comunicativa
• Certificación: evaluación de competencia laboral (intérprete o traductor)
– Casos de egresados y docentes con impacto en titulación, posgrados y ejercicio profesional
– Marco institucional: Nueva Escuela Mexicana + política estatal de preservación lingüística
Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó que el espacio «facilita procesos de titulación, ingreso a posgrados y desarrollo profesional para hablantes de lenguas originarias». Rocío Sabino Nava, responsable del centro, precisó la distinción técnica entre acreditación (competencia comunicativa) y certificación (competencia laboral como intérprete o traductor).
Los testimonios recopilados ilustran usos diversos: Rosa Selene González Santos acreditó el mazahua para obtener su título de Ingeniería Civil; Antonio Romero Hernández combinó mazahua e inglés para ingresar a un doctorado en Lingüística de Lenguas Indígenas en la UNAM; docentes como Gerardo Rebollo Posadas y Lidia Judith Sánchez Mendoza buscaron la certificación para garantizar estándares pedagógicos y visibilizar sus lenguas.
Sin embargo, el comunicado omite información crítica para evaluar el impacto estructural de esta política:
– ¿Cuántos certificados se han emitido por cada lengua? ¿Existe paridad o hay lenguas con mayor demanda que otras?
– ¿Qué porcentaje de los certificados ha derivado en empleo formal como intérprete o traductor en instituciones públicas o privadas?
– ¿Existe un catálogo público de profesionistas certificados que facilite su contratación en ámbitos judiciales, de salud o administrativos?
– ¿Cuál es el presupuesto asignado al centro y su proyección para ampliar cobertura a más hablantes?
La certificación de lenguas originarias es un avance simbólico y académico innegable. Pero si el objetivo es combatir la discriminación lingüística y garantizar derechos culturales, el reto trasciende el aula: requiere que el Estado contrate intérpretes certificados en hospitales, tribunales y oficinas de atención ciudadana; que se reconozcan salarios dignos para esta labor; y que la certificación no sea un fin, sino una puerta a oportunidades reales.
De lo contrario, el riesgo es que estas 178 validaciones se queden en un logro institucional celebrable… pero con impacto limitado en la vida cotidiana de los hablantes. La lengua se preserva cuando se usa, se valora y se remunera. No solo cuando se certifica.