Por: Carmen Vizzuett Resendiz.
En México existen mas de 23 mil patronatos o comités de agua potable, estructuras socialmente constituidas, a partir de asambleas populares en comunidades que aún se regulan por usos y costumbres. En el Estado de México existen más de mil seiscientos, dentro de los 125 municipios de la entidad, en muchos casos son acompañados por contralorías sociales, denominados comités de vigilancia, o comités de seguimiento, en todos los casos se trata de cargos honoríficos y que la mayoría de las veces se basan en las buenas intenciones de servir a su comunidad.
Al carecer de personalidad jurídica, representan un espacio para la opacidad, la impunidad y el ejercicio de la corrupción en muchas formas, son una de las áreas de oportunidad de la legislatura con perspectiva en la realidad social del México Profundo.
No son estructuras sociales que puedan borrarse de un plumazo a partir del 115 constitucional. Son realidades sociales, procesos sociorganizativos, comunidades tomando como propio lo más profundo: la domesticación del recurso agua que se dio a partir del tequio, del trabajo comunitario de hombres y mujeres, cavando zanjas, instalando tuberías, edificando acueductos, y se traslada a lo más hondo de la misma génesis social, al origen de lo común y de lo propio de todos.
Es una lucha comunitaria por autogestionarse y autoorganizarse, es parte de la imprescindible reforma legislativa de la iniciativa Agua para Todos, Agua para la Vida, y hoy en Cuautitlán Izcalli sufre un embate donde no solo se busca desmantelar este antecedente histórico y social, sino lucrar en el proceso.
San Lorenzo Rio Tenco es uno de los trece pueblos que diera origen al municipio 121, como los otros pueblos cuenta con un patronato autónomo para la gestión de sus recursos hídricos y el que ha resistido toda clase de embates para desarticularlo y restarle autonomía. Esta suerte de resistencia no fue la misma de pueblos de Atlamica o Axotlán, que ya perdieron este derecho; pero tiene el ejemplo de Santa Maria Tianguistengo, pueblo que hace poco más de 4 años resistió un intento de privatización a partir de una acción personal para constituir una asociación civil que fue desestimada y desconocida por la comunidad, dejándola sin efecto y sin capacidad de acción.
Un nuevo intento de privatización está ocurriendo ahora en el pueblo de San Lorenzo Río Tenco, donde un nuevo patronato electo el pasado 4 de septiembre de 2022 tras una administración de 16 años de opacidad y corrupción ejercidos por una sola persona, ha resistido por poco más de un año las embestidas y ataques variados de personas con intereses mezquinos y encomiendas políticas, que además cuentan con medios económicos, nexos políticos y el apoyo de medios locales de información para apropiarse del agua de este pueblo.
No solo se trata un acto de privatización que deriva en el lucro indebido con el agua, sino que en este hecho están interviniendo actores políticos involucrados con el gobierno municipal actual de Cuautitlán Izcalli y donde se ha criminalizado la lucha social, se ha cometido toda clase de actos que violentan el estado de derecho y además al tratarse de una colectividad integrada mayoritariamente por mujeres se han perpetrado estereotipos machistas que hacen prevalecer una cultura patriarcal que tanto apremia erradicar.
La violencia política en razón de género no es, ni debe considerarse única y exclusivamente como una forma de perpetuar estereotipos machistas, sino también como limitar a cualquier mujer el libre ejercicio de sus derechos políticos y civiles, que es lo que ha venido ocurriendo en este caso.
La criminalización de la lucha social es la judicialización del actuar de las y los luchadores sociales, quienes son víctimas de la fabricación de delitos y de la limitación de su derecho al acceso a la justicia cuando sus garantías son violentadas, que es lo que también ha venido ocurriendo en San Lorenzo.
La relevancia que cobra el afán sociorganizativo de los pueblos y las comunidades por no perder la autogestión de sus recursos hídricos cobra mayor trascendencia en un contexto mundial donde la tensión por el agua está alcanzando el punto de inflexión donde los nuevos y más encarnizados conflictos tendrán este origen.
Siendo en estos hechos donde se requiere más que nunca la perspectiva de legisladores sensibles a la realidad social del México Profundo, para constituir en norma lo que reside en el centro del inconsciente colectivo nacional y debe tomar forma jurídica por el bien de los pueblos y comunidades, pero también por el bien de todos.