*El programa estatal ha evitado el gasto de 4.9 millones de pesos en economías familiares, aunque especialistas advierten sobre el reto de garantizar una protección jurídica a largo plazo.
TOLUCA — Con el propósito de acercar los servicios básicos a las regiones más apartadas de la entidad, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social del Gobierno del Estado de México han logrado formalizar más de 12 mil 200 matrimonios civiles gratuitos desde el inicio de la administración en enero de 2024.
La iniciativa, coordinada en conjunto con los ayuntamientos y la Consejería Jurídica estatal, exime a las parejas del pago del trámite regular de 403 pesos, lo que ha generado un ahorro acumulado estimado en 4.9 millones de pesos para la economía familiar.
Cobertura y servicios integrales
El programa contempla un catálogo de más de 125 trámites y servicios gratuitos o con descuentos preferenciales. Durante la presente semana, las unidades móviles brindarán atención en los municipios de:
- Almoloya del Río
- Texcalyacac
- Papalotla
- Atenco
- Otzolotepec
Como parte de los protocolos necesarios para la formalización, los módulos habilitados por la Secretaría de Salud ofrecen de manera simultánea la emisión de certificados prenupciales, integrando la prevención médica en el mismo proceso administrativo.
Entre los casos destacados por la dependencia se encuentra el de Rosa Romero y Ciro Sanabrias, una pareja que tras 36 años de vida en común logró regularizar su situación conyugal, un acto que describieron como un avance significativo hacia la tranquilidad y la certeza jurídica. Desde su puesta en marcha, este esquema institucional ha alcanzado la cifra histórica de un millón de trámites realizados en todo el territorio mexiquense.
El desafío de la protección patrimonial
Si bien el acceso simplificado al registro civil representa un alivio financiero inmediato para las comunidades en situación de vulnerabilidad, diversas voces señalan que el verdadero reto radica en trascender la regularización administrativa.
La prueba de fuego para la administración estatal consistirá en asegurar que estas bodas civiles se traduzcan en una protección patrimonial y de seguridad social efectiva a largo plazo, evitando que el programa se limite a la facilitación de trámites sin un acompañamiento legal posterior que garantice la defensa real de los derechos adquiridos.