*La FGJEM detectó un desfalco de 96 millones de pesos mediante un esquema de profesores simulados, operado desde administraciones pasadas y encabezado por un exsubsecretario estatal.
TOLUCA, Estado de México. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de 28 servidores públicos presuntamente implicados en una red delictiva dedicada al abuso de autoridad y el fraude masivo. El grupo delincuencial operaba en la estructura del gobierno mexiquense para comercializar plazas y desviar recursos públicos mediante la simulación de falsos docentes, asignados a centros escolares con claves inexistentes o inactivas.
Las investigaciones ministeriales determinaron que el daño patrimonial provocado a la hacienda estatal asciende a 96 millones de pesos, cifra correspondiente únicamente al periodo de enero de 2025 a febrero de 2026. No obstante, el Ministerio Público constató que este esquema de saqueo institucional operaba de manera sistemática desde el año 2021.
El esquema fraudulento era encabezado por Óscar «N», quien se desempeñó como director general de Personal y, posteriormente, como subsecretario de Administración durante la gestión del exgobernador Alfredo del Mazo. Según el expediente de la Fiscalía, el principal imputado y sus coautores —quienes compartían antecedentes laborales en el área administrativa de la Secretaría de Seguridad— diseñaron una plataforma digital para la gestión de la nómina estatal, la cual fue utilizada como la herramienta técnica para ejecutar el ilícito.
En colusión con mandos de la Secretaría de Educación, los involucrados incorporaron a la nómina a más de 450 personas que no cumplían con los perfiles ni requisitos pedagógicos. La operación consistía en dar de alta a los supuestos profesores con sueldos que oscilaban entre los 10 mil y 20 mil pesos mensuales; los beneficiarios tramitaban tarjetas bancarias de nómina y las entregaban a los funcionarios, recibiendo a cambio un pago quincenal de entre 2 mil y 4 mil pesos, mientras que la red delictiva retenía y cobraba el remanente de los depósitos estatales.
La FGJEM detalló que, además del lucro con las plazas ajenas, los procesados se autoasignaron basificaciones con ingresos cercanos a los 50 mil pesos al mes, las cuales mantenían vigentes mediante licencias irregulares con el propósito de asegurar beneficios jubilatorios futuros. La autoridad judicial también identificó un patrón de gastos excesivos y constantes viajes internacionales a destinos como Dubái, Egipto, el Caribe y Europa, montos que resultaban incongruentes con las percepciones legales de los servidores públicos.
Hasta el momento, la indagatoria consta de 30 tomos y más de 12 mil fojas. La Fiscalía General confirmó que cinco personas adicionales señaladas en la trama de corrupción no han podido ser capturadas debido a que cuentan con suspensiones judiciales derivadas de juicios de amparo.