*El Mecanismo estatal reporta atención a 140 personas en 60 municipios y firma convenio con Huixquilucan; pero sin datos sobre eficacia de las medidas, tiempos de respuesta o reducción de agresiones, persiste la duda sobre la efectividad estructural del esquema.

HUIXQUILUCAN, Méx.— El Gobierno del Estado de México firmó este 19 de mayo de 2026 un convenio de coordinación interinstitucional con el municipio de Huixquilucan para fortalecer la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, como parte de la operación del Mecanismo para la Protección Integral de estos gremios en la entidad.

Los datos duros de esta política de protección son los siguientes:

– 1,900+ medidas de protección otorgadas a periodistas y defensores de DDHH

– 140 personas atendidas de manera especializada por el Mecanismo estatal

– 60 municipios mexiquenses con cobertura de estas medidas

– 1 convenio firmado con Huixquilucan para articulación interinstitucional

– 1 capacitación realizada para policías y servidores públicos municipales sobre funciones del Mecanismo

– Temas abordados: libertad de expresión, acceso a la información, derecho a grabar, derechos y deberes de personas periodistas

Israel Hernández Sosa, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo, afirmó que «la protección, la prevención y el generar condiciones para las personas periodistas y para las personas defensoras de los derechos humanos no es solamente tarea del Mecanismo, sino que caminamos juntos». Romina Contreras Carrasco, Presidenta Municipal de Huixquilucan, señaló que la adhesión al convenio responde a la convicción de «avanzar en la protección de las y los periodistas y defensores de derechos humanos mexiquenses».

Sin embargo, el comunicado omite información crítica para evaluar la solidez de esta estrategia:

– ¿Cuál es la tipología de las 1,900 medidas otorgadas? (botones de pánico, escoltas, reubicación, blindaje digital, etc.)

– ¿Qué porcentaje de las medidas solicitadas fueron aprobadas y en qué tiempos promedio de respuesta?

– ¿Existe un registro público de agresiones contra periodistas en el Estado de México y su correlación con la activación de medidas de protección?

– ¿Cómo se mide la eficacia: reducción de incidentes, percepción de seguridad de los beneficiarios, resolución de casos de agresión?

– ¿Qué presupuesto operativo tiene el Mecanismo para 2026 y cómo se distribuye entre prevención, atención y seguimiento?

La protección a periodistas y defensores de derechos humanos es una obligación del Estado mexicano, reconocida en marcos nacionales e internacionales. Pero cuando los reportes institucionales se centran en cantidades de medidas otorgadas —y no en resultados de protección verificables—, el riesgo es confundir actividad con efectividad.

Además, la capacitación a policías municipales es un avance necesario, pero insuficiente si no va acompañada de protocolos de actuación claros, mecanismos de denuncia accesibles y sanciones efectivas para servidores públicos que obstaculicen el trabajo periodístico o la defensa de DDHH.

El Estado de México tiene la oportunidad de convertir este Mecanismo en un referente de protección con enfoque preventivo. Pero para ello, deberá acompañar los convenios con transparencia en la gestión, evaluación independiente de impactos y participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y monitoreo de las políticas.

Por ahora, 1,900 medidas se han otorgado. La pregunta pendiente es: ¿se protegerá también el derecho a investigar, denunciar y disentir sin miedo?