*El presidente municipal electo acusa al gobierno saliente de manipular el nombramiento de funcionarios ligados al PAN
Jorge Contreras
CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Daniel Serrano, presidente municipal electo de la Ciudad 121, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que denuncia la intención del gobierno saliente que preside Karla Fiesco García, de imponer de manera discrecional a los jueces, secretarios y facilitadores del nuevo Juzgado Cívico Municipal.
Esta medida, según Serrano, busca asegurar que estos funcionarios permanezcan en sus cargos por hasta cuatro años, incluso más allá del término de la administración actual.
El conflicto surge tras la aprobación de la “Ley de Justicia Cívica del Estado de México” en noviembre de 2023, la cual exige la creación de Juzgados Cívicos Municipales. En respuesta, el gobierno local de Cuautitlán Izcalli inició el proceso para el nombramiento de juezas, secretarios y facilitadores cívicos.
No obstante, Serrano señala que el procedimiento se está llevando a cabo de forma apresurada, opaca e ilegal, con la intención de colocar a personas afines a la administración de la actual alcaldesa Karla Fiesco.
Serrano advirtió sobre irregularidades en la convocatoria, como la reducción de los plazos para que los interesados presenten los requisitos, la programación de citas en días inhábiles y la limitación de las entrevistas. A su parecer, estas prácticas buscan garantizar que los cargos sean ocupados por empleados cercanos al partido en el poder.
El presidente municipal electo también aprovechó para criticar al Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Fiesco, señalando la hipocresía de sus miembros al oponerse a la Reforma Judicial a nivel federal, mientras intentan manipular el sistema judicial local en su favor. “Lo que realmente les molesta de la Reforma Judicial es que, por primera vez, no podrán colocar jueces a modo”, afirmó Serrano.
Ante esta situación, Serrano anunció que se tomarán acciones legales en contra del proceso de convocatoria por considerarlo ilegal. Asimismo, hizo un llamado a la presidenta municipal, al Cabildo y a los servidores públicos involucrados a desistirse de esta imposición y a reponer el proceso conforme a la ley, garantizando la libre participación de todos los interesados.