*Por tercer año consecutivo, la mandataria estatal acudirá personalmente a la sede del Poder Legislativo para cumplir con este ejercicio constitucional de rendición de cuentas.
TOLUCA, Estado de México.— Conforme a lo establecido en la Constitución del Estado de México, el Congreso local se alista para recibir este miércoles 30 de septiembre a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien presentará su Tercer Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal.
La normativa vigente estipula que la entrega del documento puede realizarse de manera directa por la persona titular del Ejecutivo o a través de un representante durante el mes de septiembre de cada año. Mediante un oficio enviado por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, se confirmó que, por tercer año consecutivo, la mandataria acudirá personalmente a la sede legislativa.
El informe será recibido por el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, junto con el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y los líderes de las distintas fracciones parlamentarias: José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM), Elías Rescala Jiménez (PRI), Oscar González Yáñez (PT), Pablo Fernández de Cevallos González (PAN), Juan Manuel Zepeda Hernández (MC) y Omar Ortega Álvarez (PRD). En el Salón Benito Juárez también se darán cita legisladores de todos los grupos parlamentarios e integrantes del gabinete estatal.
De acuerdo con el Reglamento del Poder Legislativo, tras la recepción del informe la Asamblea iniciará el análisis de su contenido en sesión plenaria, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo de entre 10 y 20 días posteriores.
Asimismo, el marco legal regula las comparecencias de las personas servidoras públicas del Ejecutivo, las cuales se realizarán ante el Pleno o en comisiones bajo protesta de decir verdad. Durante estos ejercicios, las y los legisladores formularán cuestionamientos a los funcionarios, quienes deberán responder sin facultad para proponer modificaciones a iniciativas ni entablar diálogos personales, garantizando así la transparencia y el escrutinio de la gestión pública.