*El dictamen aprobado en comisiones unidas tipifica este delito de forma específica, establece agravantes por vínculos con el agresor y mandata una reparación integral del daño para las víctimas.
Toluca, Méx. — En comisiones unidas del Congreso del Estado de México se aprobaron las reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de sancionar hasta con 36 años de prisión el delito de violencia ácida o química cometida contra mujeres.
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura, presidida por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), se avalaron las iniciativas presentadas por las legisladoras Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), la bancada del PRD coordinada por Omar Ortega Álvarez, y la Fundación Carmen Sánchez.
Puntos clave del dictamen aprobado:
- Sanciones severas: Se establecen penas de hasta 15 años de prisión y multas de 200 a 500 días para quien cause lesiones dolosas con ácidos, sustancias corrosivas o químicas. La pena puede escalar hasta 20 años si hay desfiguración permanente o pérdida de funciones.
- Agravantes máximas: Las penas podrán alcanzar los 36 años de prisión si el ataque pone en peligro la vida de la víctima, es cometido por un servidor público o existe una relación de parentesco, sentimental, laboral, docente, de confianza o subordinación con el agresor. En estos supuestos, el delito se perseguirá de oficio.
- Protección a hombres: Se contemplan sanciones de cinco a 10 años de prisión (con un máximo de hasta 16 años con agravantes) cuando estas agresiones sean cometidas contra hombres.
- Enfoque integral: El proyecto incluye la obligación del Estado de otorgar atención médica especializada, cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis y compensación por lucro cesante, además de incorporar formalmente los conceptos de violencia química y violencia ácida.
Durante el debate, legisladoras y activistas coincidieron en que este avance legislativo busca erradicar la impunidad y evitar que estas agresiones sean tratadas como lesiones comunes. Sin embargo, voces como la de la activista Carmen Sánchez y la diputada Araceli Casasola señalaron la necesidad de continuar robusteciendo el marco normativo con mayores garantías de rehabilitación psicosocial, controles estrictos en la venta de sustancias corrosivas y sanciones claras por negligencia ministerial o médica.