*La Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública coordinan esfuerzos para otorgar acompañamiento integral, representación jurídica y perspectiva de género a mujeres en reclusión.

Nota Periodística

TOLUCA, Estado de México.- Con un enfoque centrado en la justicia social y los derechos humanos, un total de 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad entre el 16 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026, gracias al acompañamiento integral y la representación jurídica impulsada por la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Estos resultados se inscriben en el programa institucional “Mujeres Privadas de la Libertad”, el cual articula de manera estratégica las labores de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y de la Consejería Jurídica, operando a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP) para revisar minuciosamente cada expediente y garantizar una defensa técnica adecuada.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, detalló que esta colaboración interinstitucional permite dar seguimiento puntual a los casos susceptibles de acogerse a los beneficios previstos en la legislación vigente. Tan solo en los primeros ocho meses del presente año 2026, nueve mujeres han obtenido su libertad definitiva, siendo el caso de Kimberly “N” el más reciente beneficiado mediante la asesoría legal especializada del IDP.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que el compromiso gubernamental no concluye con la excarcelación. La dependencia a su cargo proporciona un acompañamiento posterior que incluye la canalización a servicios con perspectiva de género e igualdad sustantiva, apoyo financiero para el pago de multas (cuando la ley lo faculta), traslados seguros hacia los hogares de las beneficiarias y un seguimiento constante para asegurar su exitosa reintegración social.

Por su parte, la Consejería Jurídica mantiene una revisión permanente de los procedimientos legales, velando por que cada mujer cuente con una representación rigurosa que les permita acceder oportunamente a las prerrogativas de la ley, consolidando así el compromiso del Gobierno del Estado de México con la protección de los derechos y la dignidad de las mujeres.