*La nueva reforma busca imponer penas de hasta 9 años de prisión, enfrentando el desafío de la pobreza estructural.
El Congreso del Estado de México ha dado un paso decisivo en la protección de los derechos de la niñez al avanzar en la tipificación de la explotación laboral infantil. La iniciativa, presentada por la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, cuenta con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y el gobierno estatal, y propone una transformación estructural: transitar de una actuación reactiva a una estrategia preventiva integral.
La propuesta de reforma, introducida en abril de 2026, contempla modificar el Código Penal y las leyes de Educación y Derechos de la Niñez. El núcleo de esta legislación establece sanciones de seis años de prisión, escalables a nueve años con agravantes, para quienes utilicen, obliguen, induzcan o se beneficien del trabajo de menores de edad.
La estrategia se fundamenta en cuatro ejes clave: la prevención de factores de riesgo, la restitución integral de derechos (que abarca servicios médicos, psicológicos y jurídicos), el fortalecimiento de la permanencia escolar y una coordinación interinstitucional más efectiva. Según datos del INEGI, en México existen aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, una cifra que, aunque muestra una tendencia a la baja en la entidad mexiquense, continúa siendo un desafío estructural complejo.
A pesar del consenso político, expertos y funcionarios advierten que el éxito de esta medida dependerá de que no se convierta en una política puramente punitiva. La verdadera prueba para el Estado radica en acompañar esta ley con redes de protección social robustas que atiendan las causas de la pobreza, evitando que las familias se vean orilladas a ocultar el trabajo infantil en la informalidad más peligrosa.