*El gobierno estatal reporta cientos de inspecciones y la entrega de testimonios atrasados, aunque persiste el debate sobre la verdadera efectividad de las medidas frente a la vulnerabilidad patrimonial.
TOLUCA. — Entre septiembre de 2023 y agosto de 2026, la administración del Estado de México llevó a cabo 565 inspecciones y 350 investigaciones a notarías, concretando 16 resoluciones sancionatorias y la entrega de 833 testimonios atrasados. Si bien el gobierno presume un combate frontal a las irregularidades y un esfuerzo por limpiar un rezago histórico, el foco de atención se mantiene sobre la suficiencia de estas acciones ante la opacidad y los costos ocultos que afectan el patrimonio familiar.
La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México detalló que, para salvaguardar el patrimonio de los mexiquenses, se ha mantenido una supervisión permanente sobre la función notarial. De las supervisiones e indagatorias realizadas se desprendieron 192 procedimientos administrativos, los cuales derivaron en 136 medidas de apremio —104 amonestaciones y 32 multas—, así como en 16 resoluciones sancionatorias, incluyendo la revocación de un nombramiento notarial por incumplimiento de la Ley del Notariado.
Un aspecto central resaltado por la dependencia es la entrega de 833 testimonios notariales derivados de procedimientos de queja. La administración de Delfina Gómez Álvarez expone este resultado como evidencia de que las denuncias ciudadanas reciben seguimiento hasta su conclusión, superando un rezago acumulado durante años. Asimismo, se hizo un llamado a la población para reportar cualquier anomalía ante la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales en Toluca.
No obstante, la propia Consejería Jurídica delimitó su ámbito de actuación al señalar que las responsabilidades de carácter civil o penal corresponden a las instancias de procuración e impartición de justicia. Esto abre la discusión sobre si las 16 sanciones y las multas impuestas representan un castigo proporcional al daño patrimonial que sufren los ciudadanos, o si el sistema continúa priorizando la protección del gremio sobre la certidumbre jurídica de las familias.