*Con sanciones de hasta ocho años de prisión y la pérdida de la patria potestad, la LXII Legislatura tipifica el uso de hijos como instrumentos de agresión; en paralelo, aprueban el modelo de «cementerios verdes».
ESTADO DE MÉXICO. – En un movimiento legislativo que busca saldar una deuda pendiente con las mujeres mexiquenses, el Congreso del Estado de México concretó la tipificación de la violencia vicaria, estableciendo un marco punitivo que alcanza los ocho años de prisión. Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), calificó la medida como un consenso unánime de la LXII Legislatura para frenar una de las formas de violencia de género más invisibilizadas.
Los datos duros de la reforma son contundentes: además de la pena privativa de la libertad, los agresores enfrentarán multas económicas, la pérdida de la patria potestad y la obligatoriedad de someterse a tratamientos reeducativos y psiquiátricos. El dictamen define este delito como cualquier conducta —amenazas, ocultamiento o sustracción de menores— utilizada para dañar emocionalmente a la madre a través de sus hijos o seres cercanos.
Esta reforma no surge en el vacío; es la respuesta institucional a la presión ejercida por colectivos y organizaciones civiles que durante años denunciaron procesos legales basados en hechos falsos y la manipulación del sistema judicial para fracturar el vínculo materno-filial.
Sustentabilidad en el descanso final
En la misma jornada, el Legislativo aprobó la creación de «cementerios verdes». Esta iniciativa busca transformar los panteones en zonas de preservación ambiental mediante métodos de inhumación sustentables. El proyecto prohíbe el uso de químicos contaminantes en el embalsamamiento y materiales no biodegradables, apostando por la reforestación y la reducción del impacto ecológico en los centros de población.