*La iniciativa de la bancada del Partido Verde busca tipificar como delito grave la servidumbre, el matrimonio forzado o la explotación de menores como garantía de pago.
TOLUCA, Estado de México. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una iniciativa de reforma para castigar con penas de hasta 30 años de prisión a quienes sometan a menores de edad a cualquier forma de esclavitud, servidumbre o explotación laboral como medio para liquidar deudas o reparaciones de daño.
La propuesta, expuesta en tribuna por la diputada Miriam Silva Mata, busca reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. El objetivo es erradicar prácticas donde los menores son entregados, retenidos o condicionados como «garantía» de compromisos económicos de terceros, una conducta que la legisladora calificó como un crimen «grave e imperdonable».
Protección contra la servidumbre y violencia en cobranza
La reforma establece una pena base de 10 a 20 años de prisión, la cual podría incrementarse hasta los 30 años si el delito es cometido por padres, tutores o personas con relación de parentesco o autoridad sobre la víctima. Asimismo, se contempla la pena máxima cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o se encuentren en situación de pobreza extrema.
Entre los puntos clave de la iniciativa destacan:
- Definición de Servidumbre por Deuda: Se incorpora este concepto legal para identificar situaciones donde el trabajo del menor no se aplica realmente a la liquidación de la deuda o no tiene un plazo definido.
- Sanciones por Violencia en Cobranza: Se proponen de seis meses a tres años de cárcel para quienes ejerzan violencia contra familiares, menores de edad o adultos mayores dependientes con el fin de requerir el pago de un adeudo.
- Inhabilitación: Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos o de cuidado por un tiempo igual al de su condena.
Basada en datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (INEGI), que señala que el 12.2% de los menores en ocupaciones no permitidas lo hacen para pagar una deuda, la iniciativa turnó la responsabilidad a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para detectar y prevenir estos casos, asegurando que la integridad de la infancia no sea utilizada como moneda de cambio.