*Auditorías de OSFEM y ASF Detallan Millonarias Observaciones y la Actual Administración Presenta Denuncias Penales Contra Exfuncionarios por Daño al Erario y Falsificación de Firmas.
Por Jorge Contreras
TLALNEPANTLA, Méx.- Un primer y contundente reporte de responsabilidades, derivado de las auditorías realizadas al Gobierno Municipal, el DIF y el Organismo de Agua (OPDM) de Tlalnepantla, correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, ha revelado posibles daños al patrimonio público que ascienden a más de 6 mil 139 millones de pesos. Dicha información, difundida por la administración del alcalde Raciel Pérez Cruz, también confirma la integración de expedientes legales y denuncias penales contra exservidores públicos.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha emitido 98 observaciones financieras que, en conjunto, representan un presunto perjuicio económico por 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos. Estas observaciones se centran en el manejo de recursos municipales, así como en la aplicación de programas y contratos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó 13 observaciones clasificadas como responsabilidad administrativa sancionatoria, implicando un monto de 160 millones 940 mil 303 pesos, derivados específicamente de recursos federales ejercidos por la pasada administración.
A las cifras anteriores se suman las detecciones de otras instancias de control: el auditor externo reportó discrepancias por 1 mil 231 millones de pesos, y el Órgano Interno de Control señaló posibles anomalías administrativas y financieras por 1 mil 670 millones de pesos. En total, la cifra sujeta a aclaración o recuperación asciende a 6 mil 139 millones 199 mil 753 pesos.
Denuncias por Falsificación y Desvío
La administración actual ha iniciado acciones legales contundentes. Hasta el momento, se han presentado 14 denuncias penales ante la autoridad correspondiente en contra de exfuncionarios de alto rango señalados por daño al erario municipal.
Una de las anomalías más graves detectadas implica más de 40 expedientes de contrataciones públicas de adquisiciones y servicios autorizados con la firma presuntamente falsificada del exdirector de Administración. El perjuicio económico directo por estos actos asciende a 300 millones 559 mil 044 pesos, cantidad que ha sido turnada para investigación penal por posibles delitos como falsificación de documentos y ejercicio indebido del servicio público.
El gobierno municipal ha expresado que estos hallazgos son parte de una política de transparencia para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que el dinero público desviado sea restituido. Asimismo, adelantaron que las auditorías continúan y que se esperan nuevas observaciones y procedimientos sancionatorios a medida que avance la revisión de expedientes.