Por: Fernando Lira Flores *
¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad del maestro? Justicia para el maestro… y para todos
Hoy, desde este espacio de reflexión crítica, saludo con respeto a quienes me leen y deseo que se encuentren bien.
Me he sentido en la necesidad ética y humana de escribir este artículo por dos razones fundamentales: primero, porque como educador no puedo guardar silencio ante lo que está ocurriendo con nuestro gremio; y segundo, porque me duele profundamente que la figura del maestro en México sea, una vez más, el blanco fácil de las omisiones estructurales del Estado.
Me refiero al caso del profesor que se le acusa de omisión de auxilio o negligencia y que puede recibir una sentencia de 3 años o más conforme El Artículo 157 del Código Penal para el Estado de Baja California. Y, en donde todos los medios masivos exigen justicia, la sociedad exige cuentas y hasta a veces compensaciones y más.
Sí, leyó usted bien: omisión de auxilio.
Esto es una figura jurídica que ha caído con todo su peso sobre los maestros -últimamente-y que afecta directamente a los que conformamos las plantas docentes de diversas instituciones educativas públicas y privadas.
Los maestros hoy en día, estamos indefensos ante los padres de familia, alumnos y sociedad por estos aspectos y lagunas legales en donde tanto nuestra integridad, reputación, profesión, familia y libertad ante todo se ven amenazadas de manera indiscriminada por un sistema tanto jurídico como sindical negligente.
Las manifestaciones de docentes en favor del maestro en este caso y de todos los maestros que conformamos la educación en México, no se han dejado de dar en favor del gremio magisterial
Cabe resaltar que no solo se defiende a un compañero o compañeros de profesión, sino que se condena al sistema tanto educativo, judicial y sindical, de que esto esté ocurriendo, sin darnos tregua y si ser linchado públicamente sin respetar nuestros derechos y, mucho menos la profesión tan honrosa de la que formamos parte.
Esto no solo perjudica a uno sino a todos los maestros -me incluyo-, ya que, frente a estas condiciones laborales precarias, a la desconfianza social, a instalaciones inseguras y a protocolos de atención ambiguos que, en casos como este, son más un salvavidas de plomo que una red de contención.
Pero más allá de este caso, lo que debería preocuparnos es el precedente que deja.
¿En qué momento el acto educativo se volvió un campo minado jurídico? ¿Por qué, si activó los protocolos de atención, el maestro es quien termina enfrentando una condena? ¿Hasta dónde es posible hablar de “omisión de auxilio” cuando la emergencia médica rebasó las manos del docente?
Se ha dicho que el accidente ocurrió antes del inicio formal de clases, cuando los alumnos aún no estaban bajo su custodia directa.
Y pese a este referente, se acusa de manera impune. Como si fuera preferible para la justicia castigar a quien tiene rostro -el maestro- que investigar a fondo la cadena de omisiones institucionales que también rodearon la tragedia.
Desde esta tribuna, alzo la voz por todas y todos los docentes que cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden marcar la vida de un niño, una familia o incluso la nuestra propia.
Y muy especialmente por nuestros colegas de Educación Física, quienes trabajan con riesgo físico directo y constante, sin personal médico cercano, sin protocolos claros, y con la amenaza latente de que una caída o accidente puede ser el principio del fin de su carrera.
¿Y dónde están las autoridades educativas federales ante esto? ¿Dónde el respaldo del sindicato cuando uno de sus agremiados está siendo procesado por cumplir con su labor? Si defender al maestro no es su prioridad, entonces ¿qué lo es?
Este no es un llamado a la impunidad.
Es un llamado a la justicia verdadera, esa que no se queda en lo superficial ni se conforma con castigar al más accesible y mucho menos a los que nos dedicamos a esta noble profesión de educar y formar a los mexicanos del futuro.
Les dejo, no sin antes plantear las cuestiones habituales en esta columna de opinión
Y si esta es la manera en la que se “imparte justicia”, entonces que alguien nos diga:
¿Qué garantías tenemos los docentes en México para ejercer nuestra profesión y vocación sin el temor constante de terminar en el banquillo de los acusados?
¿La escuela pública se ha convertido en el nuevo campo de tiro para las frustraciones, negligencias y omisiones de otros actores que no asumen su parte de responsabilidad?
Hasta el próximo comentario de El Ser y la Nada. Y que la reflexión no se quede solo en palabras.
*Administrador de Baldemart y Asociados S.C. y docente desde bachillerato hasta posgrados en diversas instituciones educativas públicas y privadas